Nexus 2026 lleva a Málaga el debate sobre consciencia, psiquedelia, arte y tecnología.
El encuentro gratuito de Universo Ulises se celebrará del 9 al 11 de octubre en Rincón de la Victoria con mesas sobre IA, libertad cognitiva, salud mental y creación colectiva
La web oficial de Nexus 2026 ya detalla el programa de un encuentro que se celebrará del 9 al 11 de octubre de 2026 en Rincón de la Victoria, Málaga. Organizado por la Asociación Universo Ulises bajo el lema Ulises en la frontera, el evento reunirá a investigadores, artistas, divulgadores y activistas para debatir sobre consciencia, inteligencia artificial, psiquedelia, prohibicionismo y creación contemporánea desde una perspectiva independiente.
La propuesta se aparta tanto del congreso clínico convencional como de la feria comercial. Según la propia organización, Nexus quiere abrir una conversación horizontal en la que convivan pensamiento crítico, experiencia artística y debate público; con una cautela práctica que conviene subrayar desde el inicio: la asistencia será gratuita, pero requiere confirmación previa, y el programa se presenta como un proceso vivo sujeto a conversación y ajuste.
Una apertura entre lenguaje, autobiografía y escena
La jornada del viernes 9 arrancará en el restaurante Alma Playa con Flipando con las palabras, la intervención del historiador y sociólogo Juan Carlos Usó sobre la carga política del vocabulario con que se habla de drogas. Después llegará la presentación del libro Días para no olvidar, de J. Megías, centrado en la experiencia subjetiva y la memoria psiconáutica, seguida por una lectura poética de Jonás Sánchez Pedrero y un concierto acústico.
Ese arranque ya deja claro el tono del encuentro: Nexus no limita la conversación al lenguaje biomédico. La consciencia aparece aquí también como materia literaria, estética y cultural, una línea que dialoga con antecedentes recientes como la pieza de Cannabis Magazine sobre Psymposium, Nexus y Fuertedélica, donde se analizaba el cruce entre clínica, comunidad y creación en la escena psicodélica española.
El sábado 10, en el Hotel Fay, la programación se concentrará en varias mesas de debate. La primera, La medida del misterio, abordará la relación entre inteligencia artificial y consciencia con intervenciones de Igor Domsac y Begoña Grande. El foco no estará en prometer respuestas técnicas definitivas, sino en usar el espejo algorítmico para volver a preguntar qué entendemos por experiencia, identidad y sentido.
Después llegará El precio de la epifanía. Psicodelia, entre el mercado y la libertad, una mesa sobre mercantilización, ritual, underground, justicia social y reparación del daño prohibicionista. Participarán Miguel Castejón, Raimundo Viejo Viñas, Xavi Vidal, Fran Azorín y Luis Otero. El enfoque enlaza con debates que también han aparecido en la cobertura de Fuertedélica y en la información sobre las jornadas malagueñas sobre psicodélicos y salud mental, aunque Nexus desplaza el eje desde la clínica hacia la libertad cognitiva, la cultura y la experiencia colectiva.
Arte, antiprohibicionismo y crítica de la panacea clínica
La tarde del sábado continuará con El lienzo invisible, una mesa dedicada al arte como herramienta para investigar lo inefable, con aportaciones de Juan Muriel, Marina Ruty, Jonás Sánchez Pedrero y Aura Roig. La organización sitúa así la creación no como simple ilustración del discurso psicodélico, sino como una forma autónoma de conocimiento y observación.
Más tarde, Psicodélicos: más allá de la salud mental reunirá a José Carlos Bouso, Missa Megías y Paula Lorenzo Sol para discutir hasta qué punto el actual auge terapéutico corre el riesgo de reducir la legitimidad de estas sustancias al entorno biomédico. El matiz importa: Nexus no niega la investigación clínica, pero sí cuestiona que la única conversación válida sea la que cabe en protocolos, diagnósticos y circuitos sanitarios.
La jornada concluirá con la lectura pública del Manifiesto Nexus 2026, concebido por la organización como un texto abierto a debate, modificación o rechazo por parte de los asistentes. Esa decisión resume bien el espíritu declarado del encuentro: menos doctrina cerrada y más elaboración colectiva.
El domingo como cierre performativo
El domingo 11, en el Chiringuito El Muro, Nexus se desplazará a un formato más escénico con una performance audiovisual de Begoña Grande y una sesión de pintura en vivo de Marina Ruty. El cierre busca prolongar la reflexión en un terreno donde público, obra y experiencia compartida se mezclan de forma más directa.
Visto en conjunto, Nexus 2026 propone una agenda poco habitual en España: combina crítica cultural, historia de las drogas, inteligencia artificial, antiprohibicionismo, arte visionario y debate sobre la medicalización de la psiquedelia en un mismo fin de semana. Su interés no está en prometer consensos rápidos, sino en crear un espacio donde la discusión sobre consciencia y sustancias psicoactivas pueda salir del carril estrictamente clínico sin caer en propaganda ni simplificaciones.
Datos prácticos
Nexus 2026 se celebrará del viernes 9 al domingo 11 de octubre de 2026 en distintos espacios de Rincón de la Victoria, Málaga. La asistencia será gratuita con confirmación previa y el programa completo puede consultarse en la web oficial del encuentro.
Desde la legalización del cannabis medicinal, los cultivadores de Marruecos esperan tiempos mejores. Las expectativas de muchos pequeños campesinos siguen sin cumplirse.
Las condiciones climáticas afectan a los cultivadores de cannabis en el norte de Marruecos. Todos sufren la escasez de agua, que intensifica una competencia ya feroz. En Azila, una aldea que subsiste exclusivamente con el negocio de la droga, los agricultores pueden cultivar cannabis, pero no comercializarlo. En las montañas del Rif, miles de familias viven de este cultivo, la mayoría en condiciones precarias. Las tierras más fértiles pertenecen a unos pocos grandes productores, que controlan cada vez más el negocio. Quien siga traficando ilegalmente se arriesga a penas de prisión. Muchos campesinos están a favor de la legalización, porque esperan que les permita llevar una vida sin el miedo constante a la represión. Sin embargo, el programa estatal de legalización avanza más lentamente de lo esperado y en él participan menos agricultores de lo que suponía.
La legalización del cannabis fue impulsada por sus aplicaciones medicinales. La planta cáñamo contiene más de un centenar de cannabinoides. El más conocido es el THC, que altera la percepción, la concentración y la noción del tiempo, pero que también puede provocar problemas psíquicos. El CBD, en cambio, tiene efectos calmantes, relajantes y antiinflamatorios, sin ser psicoactivo. La producción farmacéutica legal está sujeta a estrictas regulaciones, normas de calidad vinculantes y controles exhaustivos, requisitos que disuaden a muchos pequeños agricultores. A ello se suma una profunda desconfianza hacia las instituciones estatales. Muchas personas denuncian arbitrariedad y corrupción. Además, los agentes de policía que se benefician del negocio ilegal a veces obstaculizan la aplicación de las reformas. En este contexto de tensiones, la legalización suscita intensos debates que se perciben incluso en las familias.
EL ESTADO CONTRA EL CONDUCTOR: UN DOSSIER EXHAUSTIVO SOBRE LA INSEGURIDAD JURÍDICA, EL VACÍO METROLÓGICO Y LA DERIVA INQUISITORIAL DEL «DROGOTEST» EN ESPAÑA
control alcoholemia
LA PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD EN LA ERA DE LA TOLERANCIA CERO
En las carreteras españolas se libra una batalla silenciosa pero implacable. Bajo el estandarte inobjetable de la seguridad vial y el lema de la «tolerancia cero», la administración del Estado ha desplegado un aparato sancionador que, sometido a un escrutinio jurídico y periodístico riguroso, revela grietas estructurales alarmantes. La Dirección General de Tráfico (DGT), apoyada por las policías autonómicas y locales, ha instaurado un régimen donde la frontera entre la prevención y la punición automática se ha desdibujado, sacrificando garantías constitucionales básicas en el altar de la eficacia administrativa.
Este informe no busca cuestionar la necesidad de apartar a los conductores peligrosos de la circulación; ese es un consenso social y jurídico absoluto. El objetivo de esta investigación es exponer, con una profundidad forense, cómo el mecanismo actual de detección de drogas —el controvertido «drogotest» de saliva— y el posterior procedimiento sancionador se han convertido en un sistema de «culpabilidad objetiva». Un sistema donde se castiga la biología y no el riesgo, donde la cadena de custodia de las pruebas se rompe en furgonetas de mensajería ordinaria, donde la potestad sancionadora se externaliza a laboratorios privados con ánimo de lucro, y donde máquinas que deciden el destino patrimonial y administrativo de los ciudadanos operan en un limbo metrológico, exentas de los rigurosos controles que sí se exigen a los radares o los etilómetros.
A través del análisis de miles de páginas de documentación técnica, normativa reciente como la Orden ITU/1475/2024, y una jurisprudencia rebelde que emana de juzgados de Alicante, Valencia y Vigo, desvelaremos cómo el Estado está perdiendo la batalla de la legalidad en sus propios tribunales. Y, lo que es más importante, ofreceremos al ciudadano las herramientas jurídicas para defenderse frente a una maquinaria que, a menudo, olvida que en un Estado de Derecho la forma es la garantía de la libertad.
CAPÍTULO I: EL CAMPO DE BATALLA CONSTITUCIONAL
La controversia actual trasciende la mera gestión del tráfico; toca el nervio mismo de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española (CE). La Ley de Tráfico y Seguridad Vial (LTSV), en su redacción vigente, sanciona la «presencia» de drogas en el organismo. Una sola palabra —»presencia»— que ha abierto una brecha tectónica entre la realidad fisiológica y la verdad jurídica.
1.1. La dicotomía perversa: Presencia vs. Influencia
El corazón del conflicto reside en la distinción ontológica entre tener restos de una sustancia en el cuerpo y estar incapacitado para conducir. En el ámbito del Derecho Penal, regido por el artículo 379.2 del Código Penal, el legislador exige probar la «influencia». Es decir, el fiscal debe demostrar, más allá de toda duda razonable, que la sustancia ingerida ha alterado las capacidades psicofísicas del conductor hasta el punto de convertirlo en un peligro.
Sin embargo, en el Derecho Administrativo Sancionador, la DGT opera bajo un paradigma diferente, amparado en una redacción legal que muchos juristas consideran inconstitucional por vulnerar el principio de tipicidad y proporcionalidad. La administración castiga la mera traza biológica. Esto genera situaciones kafkianas: un consumidor habitual de cannabis que fumó un viernes por la noche puede dar positivo en un control el lunes por la mañana, estando perfectamente sobrio y apto para conducir. La máquina detecta metabolitos, no ineptitud.
El Tribunal Constitucional (TC) se encuentra actualmente ante el desafío de resolver recursos de amparo que atacan esta línea de flotación del sistema. Los recurrentes argumentan que sancionar una conducta que no genera riesgo (conducir con trazas inactivas) vulnera el principio de culpabilidad. Si no hay afectación a la seguridad vial, la multa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos dejan de ser una medida de reordenación del tráfico para convertirse en una sanción moral a un estilo de vida privado, una injerencia ilegítima en la esfera de la libertad personal protegida por la Constitución.
1.2. La indefensión y la inversión de la carga de la prueba
En el procedimiento sancionador actual, la presunción de veracidad del agente (Art. 88 LTSV) se ha hipertrofiado hasta anular de facto la presunción de inocencia del ciudadano (Art. 24 CE). Cuando un conductor da positivo en el test indiciario de saliva, se activa una maquinaria casi automática. El ciudadano se ve obligado a probar un hecho negativo (que no estaba drogado o que la máquina falló), una probatio diabolica extremadamente difícil cuando la administración le niega el acceso a los datos técnicos del aparato o a la cadena de custodia de la muestra.
La jurisprudencia del TC es clara: la administración no puede sancionar basándose en pruebas obtenidas sin garantías. Sin embargo, como veremos en los capítulos siguientes, la realidad de los controles de carretera es un catálogo de garantías ausentes. La negativa de los juzgados de lo contencioso a permitir nuevas pruebas que subsanen la inactividad de la administración es otro punto de fricción. Si la DGT no prueba la culpabilidad con garantías, el juez no debe «arreglar» el expediente; debe anularlo. Esta es la doctrina que los letrados más combativos están logrando imponer en instancias superiores.
1.3. La doctrina constitucional sobre los instrumentos de medida
Existe un precedente fundamental: la doctrina del TC sobre los cinemómetros (radares) y etilómetros. El Alto Tribunal ha establecido que para que una medición automatizada tenga valor probatorio de cargo, el instrumento debe estar sometido a un control metrológico riguroso, reglado y periódico. Sin este control, la medición es solo un indicio, no una prueba plena.
La pregunta que este informe plantea y responde es: ¿Cumplen los «drogotest» con los estándares que el Tribunal Constitucional exigió para los radares? La respuesta, basada en la normativa técnica vigente, es un rotundo no. Y en esa negativa reside la mayor debilidad del sistema sancionador actual.
CAPÍTULO II: EL AGUJERO NEGRO METROLÓGICO
Para entender la magnitud del problema, debemos descender al terreno de la ingeniería legal y la metrología. En España, la fiabilidad de las mediciones oficiales está salvaguardada por el Centro Español de Metrología (CEM) y regulada por la Ley 32/2014 de Metrología. Todo aparato que sirva para pesar, medir o contar con fines fiscales, sancionadores o de seguridad debe pasar por un «Control Metrológico del Estado».
2.1. La discriminación tecnológica: Alcohol vs. Drogas
La comparación entre cómo se mide el alcohol y cómo se miden las drogas revela una doble vara de medir injustificable desde el punto de vista técnico y jurídico.
Tabla 1: Comparativa de Control Metrológico en Tráfico
Característica
Etilómetros (Alcohol)
Drogotest (Saliva)
Marco Legal Específico
Orden ICT/155/2020 (Anexo XIII)
Sin regulación metrológica específica equivalente
Control del Estado
Verificación Primitiva y Periódica obligatoria
Considerado «material sanitario in vitro»
Márgenes de Error
Aplicación obligatoria de EMP (ej. 7,5%)
No se aplican márgenes de error (binario)
Certificación
Certificado de verificación individual en expte.
Certificado de lote o genérico del fabricante
Resultado
Cuantitativo (mg/L aire espirado)
Cualitativo (Positivo/Negativo)
Seguridad Jurídica
Alta (regulada y estandarizada)
Baja (dependiente del fabricante privado)
Como se observa en la tabla, mientras que los etilómetros están blindados por una normativa exhaustiva que define sus errores máximos permitidos (EMP) y obliga a revisiones periódicas anuales , los dispositivos de detección de drogas en saliva (kits tipo DrugWipe o Dräger DrugTest) operan en un vacío.
2.2. La ficción de la infalibilidad tecnológica
La administración trata el resultado del drogotest como una verdad revelada. Sin embargo, estos dispositivos son inmunoensayos químicos. Funcionan mediante la reacción de anticuerpos a estructuras moleculares específicas. Esta tecnología, aunque avanzada, está sujeta a «reacciones cruzadas». Medicamentos legales, suplementos alimenticios o incluso condiciones endógenas pueden engañar al test.
Al no estar sometidos al Control Metrológico del Estado bajo la Orden ICT/155/2020 (que regula taxativamente los etilómetros y otros instrumentos), los drogotest carecen de un «error máximo permitido» legalmente reconocido. En un radar, si usted circula a 121 km/h, se aplica un margen de error y se le considera dentro de la ley. En drogas, la máquina dice «Positivo» y no hay margen de tolerancia ni corrección técnica aplicada. Esto vulnera el derecho a la defensa, pues se priva al ciudadano de la posibilidad de discutir la precisión del aparato.
2.3. La coartada del «indiciario» vs. «evidencial»
La DGT argumenta que el test de carretera es meramente «indiciario» y que la prueba de cargo real es el análisis posterior en laboratorio. Este argumento es una trampa procedimental. Si el test indiciario falla (falso positivo), el conductor es sometido a un proceso coercitivo, inmovilización del vehículo y toma de muestras, basado en un error.
Además, como veremos, la supuesta prueba «evidencial» (el análisis de laboratorio) adolece de defectos tan graves en su custodia y ejecución que a menudo es menos fiable que el propio test indiciario. La reciente Orden ITU/1475/2024 , que actualiza ciertos aspectos del control metrológico, sigue sin abordar de manera integral y específica la homologación estatal de los cinemómetros de drogas con la misma intensidad que los de alcohol, perpetuando esta inseguridad jurídica.
CAPÍTULO III: LA PRIVATIZACIÓN DE LA JUSTICIA (LA «DOCTRINA ALICANTE»)
Uno de los golpes más duros que ha recibido el sistema sancionador proviene de los tribunales de la Comunidad Valenciana, específicamente de Alicante. Lo que los juristas denominan ya la «Doctrina Alicante» pone en tela de juicio la estructura misma de la colaboración público-privada en el ejercicio del ius puniendi (derecho a sancionar).
3.1. La potestad sancionadora es indelegable
El argumento es demoledor en su sencillez jurídica: sancionar es un acto de autoridad exclusivo del Estado. La comprobación de los hechos que dan lugar a la sanción debe realizarse por funcionarios públicos investidos de objetividad e imparcialidad.
Sin embargo, la DGT externaliza el análisis de las muestras de saliva a laboratorios privados (sociedades anónimas o limitadas como Synlab, Echevarne, etc.) mediante concursos públicos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Alicante sentenció la nulidad de una multa argumentando que un análisis realizado por una empresa privada carece de la presunción de veracidad que la ley otorga a los actos administrativos.
3.2. Documento Público vs. Documento Privado
Cuando un Guardia Civil firma un boletín de denuncia, ese papel tiene valor probatorio privilegiado. Cuando un empleado de un laboratorio privado firma un informe toxicológico, ese papel es, a efectos procesales, un documento privado de un tercero.
Para que ese informe privado tenga valor de prueba de cargo capaz de destruir la presunción de inocencia, su autor debería comparecer en el juicio, ratificarlo, acreditar su cualificación y someterse al interrogatorio de la defensa. En la práctica de los juicios contenciosos abreviados, esto casi nunca ocurre. La administración aporta el papel del laboratorio como si fuera palabra de ley. Los jueces de Alicante han dicho «basta»: si la prueba sale de la esfera pública, pierde su blindaje. La externalización, motivada por costes y eficiencia, ha acabado por despojar al procedimiento de sus garantías esenciales.
3.3. El conflicto de interés latente
Existe una preocupación subyacente sobre la objetividad de estos laboratorios. Al ser empresas con ánimo de lucro que dependen de contratos renovables con la administración, ¿existe un incentivo perverso para validar los positivos iniciales? Aunque no hay pruebas de mala praxis generalizada, la mera existencia de esta duda razonable, sumada a la falta de control directo funcionarial, debilita la robustez del sistema sancionador frente a un recurso bien planteado.
CAPÍTULO IV: LA CADENA DE CUSTODIA ROTA (LA «DOCTRINA VALENCIA»)
Si la privatización es un problema jurídico, la cadena de custodia es un desastre logístico. La cadena de custodia es el procedimiento documentado que garantiza que la muestra que llega al laboratorio es la misma que salió de la boca del conductor y que no ha sufrido alteraciones.
4.1. El viaje de la muestra: Un agujero negro de garantías
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Valencia expuso las vergüenzas del sistema logístico de la DGT. En ese caso, la muestra de saliva tardó seis días en llegar al laboratorio.
¿Qué ocurre en esos seis días?
Transporte no cualificado: Las muestras viajan a menudo en servicios de paquetería estándar (mensajería urgente tipo 24h/48h) y no en transporte sanitario especializado.
Falta de control térmico: La saliva es una matriz biológica. Si se expone a altas temperaturas (piense en una furgoneta de reparto en Sevilla en agosto), las bacterias proliferan. La degradación bacteriana puede alterar los metabolitos, produciendo falsos resultados o imposibilitando el contraanálisis.
Trazabilidad interrumpida: La administración a menudo no puede aportar la «hoja de ruta» completa: quién recibió el paquete, dónde se almacenó el fin de semana, a qué temperatura estaba la nevera (si la había).
4.2. La carga de la prueba sobre la conservación
La jurisprudencia es clara: corresponde a la administración probar que la cadena de custodia fue impoluta. Si el conductor alega que la muestra pudo degradarse, y la DGT no aporta los registros de temperatura (datalogger) del transporte, la duda debe beneficiar al reo (in dubio pro reo).
La sentencia de Valencia anuló la sanción precisamente por esto: el lapso de tiempo fue «excesivo y no justificado», y no se acreditó la capacitación del transportista privado para manejar muestras biológicas forenses. Este fallo abre una vía de agua gigantesca para la defensa de miles de multas: basta con exigir la documentación completa del transporte para que, en muchos casos, la administración se vea incapaz de acreditar la integridad de la prueba.
CAPÍTULO V: LA CIENCIA DE LA SALIVA Y EL MITO DE LA SEGURIDAD
Para comprender por qué los conductores se sienten indefensos, debemos mirar la ciencia detrás del test. A diferencia de la sangre, que ofrece una correlación más directa con la afectación cerebral, o la orina, que es un mero archivo histórico de consumo, la saliva se eligió como un punto medio. Sin embargo, su implementación es problemática.
5.1. La ventana de detección y la incertidumbre
El gran terror del conductor consumidor de cannabis (incluso terapéutico o esporádico) es la incertidumbre. ¿Cuándo puedo volver a conducir?
Alcohol: Sabemos que baja a un ritmo de 0,15 g/l por hora. Es predecible.
THC en saliva: Es errático. Puede permanecer positivo desde unas horas hasta varios días en consumidores crónicos, debido a la liberación del THC almacenado en los tejidos grasos y la contaminación de la cavidad bucal.
Esta imprevisibilidad convierte la conducción en una ruleta rusa. Un ciudadano que consumió el sábado y conduce el martes, sintiéndose perfectamente capaz, puede ser sancionado. La ciencia toxicológica confirma que la mera presencia de trazas en saliva no equivale a intoxicación clínica en el momento de la prueba. Al legislar contra la «presencia» y no la «afectación», el Estado ha ignorado el consenso científico para facilitar la tramitación administrativa de las multas.
5.2. Falsos positivos y reactividad cruzada
Los dispositivos indiciarios (screening) tienen una tasa de error inherente. Sustancias como la codeína (jarabes para la tos), ciertos antibióticos o enfermedades periodontales pueden generar falsos positivos. Si bien el laboratorio debería filtrar estos errores, la ruptura de la cadena de custodia y la falta de garantías en la segunda fase (como vimos en el Capítulo III) hacen que el sistema de seguridad falle.
CAPÍTULO VI: EL LABERINTO PROCEDIMENTAL Y LA ESTRATEGIA DE DEFENSA
Ante este panorama desolador de garantías, ¿qué puede hacer el ciudadano? La administración juega con la estadística: ofrece un descuento del 50% por pronto pago, incentivando la renuncia a la defensa. La mayoría paga por miedo o economía. Pero para aquellos que deciden luchar, el camino, aunque arduo, está lleno de oportunidades de victoria gracias a las grietas expuestas.
6.1. La vía administrativa: Una carrera de obstáculos
El primer paso es el recurso administrativo. Aquí, la DGT actúa como juez y parte, y el índice de estimación es bajísimo. Sin embargo, es un trámite obligatorio para «agotar la vía». Es crucial solicitar todas las pruebas en esta fase: certificados de metrología, cadena de custodia completa, formación de los agentes, curva de calibración del laboratorio. La negativa de la administración a aportar estas pruebas genera la «indefensión» que luego será el argumento ganador en el juzgado.
6.2. La vía contencioso-administrativa: Donde se gana la batalla
Es en los juzgados donde la balanza se equilibra. El procedimiento abreviado permite una vista oral donde el abogado puede interrogar a la administración y exponer las carencias del expediente. Las sentencias de Vigo, Valencia y Alicante demuestran que los jueces independientes no están dispuestos a tragar con la laxitud procedimental de la DGT.
CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y HORIZONTE LEGISLATIVO
La investigación concluye que el sistema actual de sanciones por drogas en España se encuentra en un estado de legalidad precaria.
Vulneración Constitucional: La sanción por «presencia» sin «influencia» está pendiente de revisión por el TC y contradice los principios de culpabilidad y tipicidad.
Déficit Metrológico: La falta de regulación estricta equiparable a los etilómetros deja a los ciudadanos a merced de aparatos sin garantía estatal plena.
Privatización Ilegítima: La dependencia de laboratorios privados rompe la cadena de fe pública necesaria en el derecho sancionador.
Desastre Logístico: La cadena de custodia de las muestras es el punto más débil, con transportes inadecuados que invalidan la prueba científica.
La recomendación para cualquier conductor afectado es clara: no aceptar la sanción como un hecho consumado. La jurisprudencia está cambiando, y cada recurso ganado es un paso más hacia un sistema que respete tanto la seguridad vial como los derechos civiles.
¿Es legal consumir cannabis en el ejército? ¿Puede el CBD ayudar a soldados y veteranos? Analizamos el uso del cannabis en conflictos armados y en políticas de reclutamiento con base en los casos de Ucrania y EE.UU.
El cannabis como herramienta emergente en el mundo militar
Durante años, el cannabis ha sido percibido como una sustancia marginal dentro de las fuerzas armadas. Sin embargo, los cambios legislativos globales y el creciente interés en sus propiedades terapéuticas han abierto la puerta a nuevas preguntas: ¿Puede un soldado usar CBD? ¿Qué ocurre si un aspirante da positivo en marihuana? ¿Cómo se regula su uso en zonas de guerra? Este artículo analiza dos casos concretos: el papel del cannabis en el conflicto ucraniano a través de la iniciativa Cannabis With Ukraine, y el análisis de RAND sobre el consumo previo de cannabis entre reclutas del ejército de EE.UU.
Cannabis With Ukraine: ayuda humanitaria con enfoque terapéutico
La guerra en Ucrania ha dejado miles de víctimas, tanto civiles como militares, con secuelas físicas y psicológicas graves. Frente a esta realidad, la organización Freedom March lanzó la campaña Cannabis With Ukraine, una iniciativa internacional que busca apoyo económico y mediático para brindar ayuda a dos grupos vulnerables:
Niños huérfanos de soldados o civiles muertos en combate.
Pacientes con condiciones graves, como soldados heridos, víctimas de cáncer, amputaciones, dolor neuropático o trastornos de estrés postraumático (TEPT).
Muchos de estos pacientes pueden beneficiarse de tratamientos con CBD o cannabis medicinal, especialmente en el manejo del dolor crónico, la ansiedad y los síntomas derivados del trauma bélico. Esta campaña no solo proporciona ayuda financiera y sanitaria, sino que también visibiliza la necesidad de reformar las leyes sobre el cannabis medicinal en contextos de emergencia humanitaria.
EE.UU.: ¿Puede un soldado haber consumido marihuana? El caso RAND
En Estados Unidos, donde el cannabis es legal en varios estados pero sigue prohibido a nivel federal, las Fuerzas Armadas aplican una política estricta contra el consumo de drogas. Sin embargo, ante la caída en las tasas de reclutamiento, el Departamento de Defensa ha empezado a reconsiderar ciertas posturas.
La organización RAND publicó un estudio clave en 2021, analizando datos de miles de soldados que ingresaron al ejército con exenciones por haber consumido marihuana previamente. ¿El resultado? Estos reclutas no presentaban un rendimiento inferior ni generaban más problemas que quienes no habían consumido cannabis.
Este hallazgo sugiere que el consumo pasado de marihuana no es necesariamente un indicador negativo, y que las políticas militares podrían evolucionar hacia criterios más justos y basados en evidencia, sin poner en riesgo la disciplina o el rendimiento.
¿Es seguro el CBD para soldados en servicio activo?
A diferencia del THC, el CBD no es psicoactivo. No genera “colocón” y se utiliza legalmente en muchos países para tratar ansiedad, insomnio, dolor e inflamación. Sin embargo, en el contexto militar, su consumo plantea varios desafíos:
Riesgo de contaminación con THC: muchos productos de CBD contienen trazas de THC que pueden dar positivo en test antidrogas.
Falta de regulación clara: en muchos ejércitos, el CBD no está explícitamente permitido ni prohibido, lo que genera confusión.
Disciplina militar: incluso si es legal fuera del servicio, el uso de cannabinoides puede percibirse como incompatible con la imagen o las exigencias del uniforme.
Por eso, muchos expertos recomiendan a soldados y reclutas abstenerse de consumir CBD durante el servicio, salvo bajo indicación médica y con conocimiento del mando.
Entre la medicina, la compasión y la regulación
El cannabis, y particularmente el CBD, se perfila como un aliado potencial en el tratamiento de traumas de guerra y otras patologías asociadas al ámbito militar. Iniciativas como Cannabis With Ukraine muestran que incluso en medio del conflicto, hay espacio para políticas humanitarias y compasivas. Por su parte, estudios como el de RAND invitan a repensar los prejuicios y actualizar normativas para que el pasado de un recluta no anule su futuro como soldado.
La clave está en equilibrar seguridad, salud pública y derechos individuales, construyendo sistemas que reconozcan el potencial terapéutico del cannabis sin comprometer la disciplina ni la operatividad.
El gobierno pakistaní acaba de aprobar nuevos fondos para terminar de poner en marcha la Cannabis Control and Regulatory Authority (CCRA), una oficina estatal que buscará regular el cannabis medicinal e industrial desde Islamabad. Este modelo no trata de liberalizar el acceso, sino de administrarlo bajo una arquitectura de vigilancia estrecha.
La medida, reportada por medios locales, apunta a completar la renovación de la futura sede de la autoridad reguladora, un edificio estatal en Islamabad desde donde el gobierno pretende centralizar licencias, controles y supervisión sobre el cannabis medicinal e industrial. La movida forma parte de un plan más amplio: convertir una economía históricamente informal en un sector productivo regulado por el Estado.
Del cultivo tradicional a una industria regulada
El cannabis no llegó ayer a Pakistán. Mucho antes de que existieran oficinas regulatorias o presupuestos públicos para supervisarlo, la planta ya formaba parte de ciertas economías locales, especialmente en regiones tribales con siglos de historia de cultivo y consumo de charas (resina de marihuana).
Ahora, Islamabad parece decidido a formalizar parte de esa realidad. La nueva autoridad ya comenzó conversaciones con líderes tribales del valle de Tirah, una región donde el cultivo tradicional de cannabis forma parte de la economía local. El objetivo sería integrar esas prácticas a un marco legal con licencias, supervisión estatal y potencial desarrollo económico.
No obstante, el encuentro entre funcionarios y comunidades locales también dejó ver tensiones. De acuerdo con reportes de prensa pakistaní, algunos líderes tribales expresaron preocupación por la posibilidad de que actores externos o grandes empresas terminen desplazando a cultivadores históricos una vez que el mercado quede formalizado.
En respuesta, representantes de la CCRA aseguraron que el modelo incluiría mecanismos para priorizar a productores locales, explorar esquemas de cultivo colectivo y garantizar un acceso más transparente al mercado.
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La pregunta, sin embargo, todavía queda abierta: ¿el nuevo sistema incorporará a quienes históricamente cultivaron cannabis o terminará favoreciendo únicamente a actores con capacidad de adaptarse a una estructura burocrática más compleja?
La oficina que quiere ordenar el cannabis en Pakistán
La Cannabis Control and Regulatory Authority fue creada oficialmente en 2024, luego de la aprobación de legislación específica por parte de la Asamblea Nacional pakistaní. Su función es la de regular el cultivo, extracción, refinamiento, fabricación y comercialización de cannabis y sus derivados para fines medicinales e industriales.
El organismo tendrá autoridad para emitir licencias, supervisar estándares de cumplimiento y fomentar investigación y desarrollo de productos basados en cannabis. Según el marco legal vigente, las licencias podrán otorgarse por períodos de hasta cinco años.
La composición institucional de la CCRA también da pistas sobre el tipo de regulación que Pakistán parece querer construir. El organismo funciona bajo la Cabinet Division y está supervisado por un consejo encabezado por el Secretary of the Defence Division, junto con representantes ministeriales y gubernamentales. Más que un mercado abierto, el país parece apostar por un sistema altamente administrado desde el Estado.
La futura sede tampoco será un edificio nuevo. La autoridad tomó posesión de un inmueble estatal que anteriormente pertenecía al ya disuelto Pakistan Council for Renewable Energy Technologies, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El espacio deberá ser reacondicionado para transformarse en el centro operativo desde donde se gestionarán permisos, controles regulatorios y la supervisión del sector.
Convertir al cannabis en una industria regulada también implica construir burocracia. Mientras la CCRA adapta su futura sede en Islamabad, el gobierno sigue completando el rompecabezas financiero del organismo. Para 2025–2026, la autoridad había pedido cerca de PKR 1.000 millones (unos USD 3.589.860), aunque hasta ahora solo recibió una parte del presupuesto solicitado para terminar de acondicionar el edificio y poner en marcha la estructura regulatoria.
No es legalización, es reorganización
Hay algo importante para aclarar: Pakistán no está legalizando el cannabis para uso adulto.
La marihuana recreativa sigue siendo ilegal en el país, mientras que el uso medicinal e industrial empezó a abrirse formalmente desde 2020, cuando el gobierno aprobó el uso de extractos para determinadas aplicaciones médicas e industriales.
Lo que está tomando forma ahora no parece una apertura al estilo Canadá, Uruguay o algunos estados de EEUU, sino otra cosa: una burocracia destinada a ordenar, registrar y administrar una actividad que ya existía, pero fuera de un sistema productivo formal.
Y quizás ahí esté la verdadera tensión del experimento pakistaní: cómo transformar un cultivo históricamente informal en una industria regulada sin dejar afuera a quienes ya vivían de ella mucho antes de que existieran oficinas, licencias o autoridades regulatorias.
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