Por Raúl del Pino
El Real Decreto de 2025 abre por fin una vía de cannabis medicinal, pero el modelo punitivo sigue intacto: multas, inseguridad jurídica en los clubes y un debate adulto que el Parlamento aún esquiva.
En España tenemos una relación peculiar con las drogas: convivimos con ellas como quien convive con una humedad antigua en el techo. Sabemos que está ahí, aprendemos a mirar hacia otro lado, y de vez en cuando —cuando cae una gota en medio del salón— llamamos al fontanero y le pedimos un apaño rápido. Mientras tanto, la estructura sigue deteriorándose.
Lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el cannabis —esa constatación de que los cambios profundos no nacen siempre en las agencias federales, sino en el terreno, en los estados, en la vida real— debería interpelarnos. Aquí no tenemos “estados” al estilo americano, pero sí un país territorialmente complejo, con autonomías, ayuntamientos, realidades sociales muy distintas. Y también aquí hay una lección: si la política pública no se atreve a regular lo que ya existe, acaba castigándolo de forma desigual y administrándolo de forma hipócrita.
El paso del cannabis medicinal: un avance real, un horizonte estrecho
El Gobierno aprobó en octubre de 2025 un Real Decreto que regula por primera vez en España el uso medicinal del cannabis mediante fórmulas magistrales tipificadas elaboradas a partir de preparados estandarizados, con un registro asociado gestionado por la AEMPS. Es un paso serio, tardío y necesario. Y conviene decirlo sin ironía: para muchos pacientes, significa por fin salir del limbo y del “a ver si te lo consiguen”.
Pero el propio diseño del decreto revela la filosofía de fondo: medicalizar para acotar. La norma no es una puerta abierta, sino un pasillo estrecho: condiciones de prescripción, control, estandarización, registro. Lo sanitario como coartada tranquilizadora. Y, sin embargo, la gran pregunta permanece intacta: ¿qué hacemos con el consumo adulto, con el mercado ilegal, con la educación, con la reducción de riesgos, con la desigualdad punitiva?
Porque, mientras celebramos (con razón) la vía medicinal, seguimos sosteniendo un sistema en el que el consumo y la mera tenencia en espacios públicos se castigan administrativamente con dureza. La Ley Orgánica 4/2015 —la famosa “ley mordaza”— tipifica como infracción grave el consumo o la tenencia ilícitos de drogas en lugares públicos. Y esa herramienta se ha convertido en una máquina de sanción cotidiana.
El dato es elocuente: más del 60% de las multas vinculadas a la “ley mordaza” han estado relacionadas con consumo o posesión de drogas, según cifras recopiladas por El País.
Traducido: no estamos “ganando” ninguna guerra; estamos recaudando y estigmatizando, con un impacto que no se reparte por igual. Quien tiene casa grande consume puertas adentro; quien vive en un piso compartido o en la precariedad, queda expuesto a la calle, al control y a la sanción. La desigualdad también fuma.
Clubes de cannabis: la normalización social sin respaldo legal
España inventó —o al menos perfeccionó— un fenómeno singular: los clubes sociales de cannabis. Nacieron como respuesta comunitaria a la prohibición, intentando encajar en la idea de consumo compartido y autoconsumo. Pero el problema de construir soluciones sociales sobre arenas movedizas es que, tarde o temprano, el suelo cede.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido delimitando con contundencia que ciertos modelos de cultivo y distribución organizada en clubes pueden constituir delito, al entender que no encajan en un “consumo compartido” no punible. Y, en términos generales, la inseguridad jurídica ha sido la norma: asociaciones legales, actividades bajo sombra penal.
Barcelona intentó ordenar urbanísticamente el fenómeno; el resultado acabó estrellándose contra el límite competencial: el Supremo confirmó la nulidad del plan urbanístico de clubes por invadir, en la práctica, un terreno que roza legislación penal y salud pública.
Moraleja: las ciudades pueden gestionar locales, pero no pueden legislar el corazón del problema. Y las autonomías, por sí solas, tampoco. Falta política estatal, y falta valentía.
El Parlamento tiene el borrador… y el freno echado
Quien crea que “no hay propuestas” se equivoca. En la XV Legislatura se registró una Proposición de Ley de Regulación Integral y Control del Cannabis en Personas Adultas. Existe un texto, existe un número de iniciativa, existe un debate latente.
Lo que falta es decisión política para asumir el coste —que siempre se exagera— y explicar al país algo sencillo: regular no es promover; regular es gobernar.
Y gobernar, en este asunto, significa al menos tres cosas:
- Arrebatar el mercado al crimen: porque la prohibición no elimina la demanda; la traslada a redes sin control sanitario ni fiscal.
- Proteger a menores y vulnerables con políticas de verdad: educación, prevención, límites de acceso, campañas honestas (no moralistas) y recursos de tratamiento.
- Reducir daños y desigualdades: menos sanción automática y más enfoque de salud pública, especialmente cuando hablamos de cannabis, donde el castigo administrativo ha sido el atajo favorito.
La próxima conversación: psicodélicos, ciencia y prudencia regulatoria
El mundo se está moviendo también en el terreno de los psicodélicos. En España el debate crece —con congresos, investigación, y una comunidad científica y clínica cada vez más articulada—, mientras la AEMPS impulsa iniciativas para acelerar ensayos clínicos multinacionales en la UE. Si uno mira ese mapa, entiende que el país no está al margen de la innovación terapéutica.
Pero, de nuevo, aparece el mismo dilema que en el cannabis: si lo dejamos todo en manos de la “puerta médica”, corremos el riesgo de que la realidad social discurra por otro carril. La vía clínica puede traer tratamientos estandarizados, protocolos, supervisión. Bien. Pero si la demanda existe y la prohibición permanece, la clandestinidad encuentra su manera. Y la clandestinidad nunca es neutral: penaliza al paciente sin recursos, al consumidor desinformado, al joven sin red.
Aquí convendría aprender de otros: avanzar con prudencia no significa inmovilismo. Significa construir un marco que diferencie sustancias y riesgos, que no meta todo en el mismo saco, y que combine investigación, regulación y reducción de daños.
España necesita dejar de fingir
El Estado español ha sido muy bueno administrando una ficción: “no es legal, pero pasa”; “no se vende, pero circula”; “no se regula, pero se multa”. Ese equilibrio es cómodo para el poder porque evita debates incómodos. Pero es cruel para la sociedad porque convierte la política de drogas en una lotería moral y económica.
La vía medicinal de 2025 demuestra algo importante: cuando se quiere, se puede regular.
Lo que falta es extender esa lógica —con matices, con controles, con límites— al uso adulto, a la fiscalidad, a la educación y a la convivencia. Si no lo hacemos, seguiremos atrapados en un modelo que castiga en la calle lo que tolera en la intimidad, y que convierte la salud pública en una excusa para el control, en lugar de en una razón para cuidar.
Regular el cannabis (y preparar el terreno para debates serenos sobre otras sustancias) no es rendirse. Es asumir lo obvio: la realidad siempre encuentra un camino; la política debe decidir si ese camino lo ilumina la ley o lo gobierna la sombra.
